El 27 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, emitió una nueva política para guiar las acciones de cumplimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en o cerca de áreas protegidas, reemplazando la guía previa sobre ubicaciones sensibles.

La primera política tanto para ICE como CBP ofrece una lista ampliada y no exhaustiva de áreas protegidas, incluyendo nuevas designaciones, como lugares donde se reúnen los niños, sitios de socorro en casos de desastre o emergencia y establecimientos de servicios sociales.

La nueva política, que entra en vigencia de inmediato, reemplaza y anula todas las pautas anteriores sobre ubicaciones sensibles y establece que "no se deben tomar medidas de cumplimiento en o cerca de una ubicación que restringiría el acceso de las personas a los servicios esenciales o la participación en actividades esenciales".

"En nuestra búsqueda de justicia, incluso en la ejecución de nuestras responsabilidades de aplicación, tenemos un impacto en la vida de las personas y promovemos el bienestar de nuestro país de las formas más fundamentales. Como resultado, al llevar a cabo una acción de aplicación de la ley, los agentes y oficiales de ICE y CBP deben primero examinar y considerar el impacto de dónde podrían suceder las acciones, su efecto en las personas y los intereses sociales más amplios", declaró el secretario Mayorkas. "Podemos cumplir nuestra misión de hacer cumplir la ley sin negar a las personas el acceso a la atención médica que necesitan, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugio, el acceso de las personas religiosas a sus lugares de culto y más. La adherencia a este principio es un cimiento de nuestra estatura como servidores públicos ".

Se ordenó a los oficiales y agentes del DHS que "usaran su juicio" para determinar si un lugar es un "área protegida", tomando en consideración las actividades que tienen lugar allí, la importancia de esas actividades para el bienestar de las personas y las comunidades de los que forman parte, y el impacto que tendría una acción de aplicación sobre la voluntad de las personas de estar en el área protegida y recibir o participar en los servicios o actividades esenciales que se ofrecen allí.

Algunos ejemplos de áreas protegidas incluyen, pero no se limitan a:

• Escuelas, como guarderías, preescolares y otros programas de aprendizaje temprano reconocidos y autorizados; escuelas primarias; escuelas secundarias; escuelas postsecundarias hasta e incluyendo colegios y universidades; así como actividades o eventos educativos o relacionados con la educación
• Tratamiento médico e instalaciones de atención médica, incluyendo lugares de vacunación COVID-19
• Lugares de culto o estudios religiosos, como iglesias, sinagogas, mezquitas y templos
• Lugares donde se reúnen los niños, como patio de juegos, centro de recreación, centro de cuidado infantil, centro de cuidado antes o después de clases, centro de acogida, hogar grupal para niños o una parada de autobús escolar
• Establecimientos de servicios sociales como un centro de crisis, refugio para víctimas de violencia doméstica, centro de servicios para víctimas, centro de defensa infantil, centro de visitas supervisadas, centro de justicia familiar, organización comunitaria, instalación que atiende a personas discapacitadas, refugio para personas sin hogar, consejería sobre drogas o alcohol, e instalación de tratamiento, banco de alimentos o despensa u otro establecimiento que distribuya alimentos u otros elementos esenciales para la vida a las personas necesitadas.
• Centros de ayuda y respuesta ante desastres o emergencias
• Ceremonias u observancias religiosas o civiles, como funerales y bodas
• Manifestaciones públicas, como desfiles, manifestaciones o mítines

Todos los empleados para quienes esta guía es relevante recibirán capacitación actualizada. Además, la agencia enfatizó que cualquier acción de cumplimiento tomada en o cerca de un área protegida debe estar completamente documentada en el sistema electrónico de registro de cada componente que cumpla con la Ley de Privacidad de una manera que pueda ser buscada y validada.

Terminación del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP)

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, también emitió un nuevo memorando la última semana de octubre, anunciando su decisión de dar por terminado el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP). El programa es una directiva de la era Trump que requiere que los migrantes esperen en México para las audiencias de la corte de inmigración de EE. UU.

La terminación sería el segundo intento de la Administración Biden de poner fin a la política después de que un esfuerzo anterior fuera bloqueado en un tribunal federal.

El memorando sostiene que la política, también conocida como "Quédense en México", causó más daño que bien, particularmente en su impacto humanitario.

"Esta Administración está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario. El MPP no ayuda a lograr este objetivo", dijo el secretario Mayorkas. "El MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular. El MPP no solo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios fundamentales en el sistema de inmigración, sino que tampoco brinda el proceso justo y protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley".

Según la declaración oficial de la agencia, el secretario Mayorkas llevó a cabo una revisión exhaustiva para evaluar si el MPP debería mantenerse, cancelarse o modificarse. Estudió documentos judiciales, datos relevantes, revisiones internas y materiales disponibles públicamente. Se reunió con una amplia y diversa gama de partes interesadas internas y externas, incluido el personal del DHS y funcionarios estatales y locales, y líderes comunitarios en todo el país.

"El secretario Mayorkas concluyó que los beneficios no justifican los costos, particularmente dado que el MPP resta valor a otras metas e iniciativas políticas regionales y nacionales que se alinean mejor con los valores de esta Administración