Una amplia gama de nuevas leyes entró en vigor en todo Connecticut el 1 de enero de 2026, introduciendo cambios que afectan a trabajadores, familias, pacientes, propietarios de viviendas y comunidades en todo el estado.

Uno de los cambios más notorios fue el aumento del salario mínimo. El salario mínimo por hora en Connecticut subió a USD 16,94, de acuerdo con una ley aprobada en años anteriores que vincula los incrementos salariales a las condiciones económicas. Funcionarios estatales señalan que el ajuste busca ayudar a los trabajadores a mantenerse al ritmo del aumento del costo de vida. Grupos empresariales han expresado preocupación por los mayores costos laborales, mientras que defensores de los trabajadores afirman que el aumento es necesario para la estabilidad básica de los hogares.

Varias de las nuevas leyes se enfocan en el acceso a la vivienda y el desarrollo habitacional. Los municipios ahora deben adoptar medidas más firmes para planificar nuevas viviendas, incluyendo la actualización de normas de zonificación y la presentación de informes sobre cómo atenderán las necesidades habitacionales locales. Los defensores indican que los cambios buscan abordar la escasez de viviendas en Connecticut, especialmente en lo relativo a la vivienda asequible. Además, el Estado prohibió ciertas formas de “arquitectura hostil” en espacios públicos, como diseños destinados a impedir que las personas se sienten o duerman al aire libre.

Los propietarios de viviendas también verán cambios relacionados con la energía solar. Una nueva ley limita la capacidad de las asociaciones de condominios para impedir la instalación de paneles solares por parte de los residentes, siempre que se cumplan las normas de seguridad y de estructura. Los legisladores señalan que la medida pretende ampliar el acceso a la energía renovable y reducir los costos energéticos a largo plazo.

En el ámbito de la salud, nuevas protecciones limitan la forma en que las compañías de seguros pueden aplicar la llamada “terapia escalonada”. Para ciertas condiciones graves, las aseguradoras ya no podrán exigir que los pacientes prueben medicamentos menos costosos antes de autorizar los tratamientos recomendados por sus médicos. Defensores de los pacientes aseguran que la ley reducirá retrasos en la atención, mientras que las aseguradoras sostienen que podría aumentar los costos.

El Estado también avanza hacia una mayor transparencia en las instalaciones penitenciarias. Según una nueva ley, el Department of Corrections debe desarrollar un plan formal para el uso de cámaras corporales en las prisiones estatales. El plan deberá presentarse a los legisladores para su revisión. Los defensores afirman que las cámaras corporales podrían ayudar a proteger tanto al personal como a las personas privadas de libertad.

También se avecinan cambios para los conductores con discapacidad. El Department of Motor Vehicles proporcionará nuevas herramientas para ayudar a los conductores a comunicarse con la policía durante controles de tránsito o emergencias. Los defensores señalan que la medida reducirá malentendidos y mejorará la seguridad.

Otra ley afecta a los propietarios de viviendas que enfrentan procesos de ejecución hipotecaria. Las entidades crediticias ahora tienen un plazo limitado para iniciar acciones de ejecución, que, en general, se fija en un máximo de 10 años después de que finaliza el préstamo o se realiza el último pago. Los legisladores indican que la norma brinda protecciones más claras a los propietarios y mayor certidumbre al mercado inmobiliario.

Las autoridades estatales señalan que no todas las nuevas leyes entran en vigor en enero. Otras medidas aprobadas durante la última sesión legislativa están previstas para entrar en vigor más adelante en 2026.

Fuentes: Connecticut Public Radio; FOX5 NY; Connecticut General Assembly – resúmenes legislativos.

Este artículo fue traducido al español y al portugués y editado por el equipo editorial de Tribuna.