El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está cerca de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permitiría a los funcionarios de inmigración acceder a información legalmente protegida de los contribuyentes, según informes del Washington Post de la última semana de marzo. La información fiscal personal, incluyendo el nombre y la dirección de una persona, es confidencial y no puede utilizarse para localizar a personas para su deportación por parte del ICE. Sin embargo, según el acuerdo, el ICE podría enviar nombres al IRS, que cotejaría los datos con bases de datos confidenciales de contribuyentes.

El 20 de marzo, un Tribunal de Distrito de EE. UU. se negó a emitir una orden de restricción temporal que habría prohibido al IRS de compartir dicha información con los funcionarios de inmigración. El Centro de Trabajadores Unidos e Immigrant Solidarity DuPage, representados por Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison y Raise the Floor Alliance, están demandando al IRS para impedir que divulgue ilegalmente información de declaraciones de impuestos individuales a agentes de inmigración.

Según la denuncia del 7 de marzo, los planes del gobierno para compartir datos entre agencias incluirían ilegalmente registros fiscales confidenciales. "Más de 13 millones de personas podrían estar sujetas a los planes de deportación masiva del presidente", afirmaron las organizaciones. “Para implementar las políticas de deportación articuladas por el presidente Trump, el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deben primero identificar y localizar a las personas sujetas a deportación”, dijeron, y ahí es donde entra en juego el IRS.

“El IRS debe divulgar los términos de su acuerdo sin precedentes de intercambio de información con el ICE. Los intentos de la administración Trump de acceder a bases de datos confidenciales de contribuyentes para llevar a cabo deportaciones masivas de trabajadores violarían la ley tributaria que protege la privacidad de todos los contribuyentes y socavarían las protecciones prometidas a todo contribuyente que presente declaraciones de impuestos al IRS”, declaró Nandan Joshi, abogado de Public Citizen Litigation Group y asesor principal del caso.

Pero, ¿pagan impuestos los inmigrantes indocumentados?

Según el Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro y no partidista, los inmigrantes indocumentados desempeñan un papel crucial en la economía estadounidense, no solo a través de su trabajo, sino también a través de importantes contribuciones fiscales que apoyan los servicios públicos y los programas gubernamentales. En 2023, los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron $89.8 mil millones en impuestos totales. Esto incluye $33.9 mil millones en impuestos estatales y locales y $55.8 mil millones en impuestos federales. Aproximadamente el 4.9% de la fuerza laboral estadounidense era indocumentada en 2023, y el 89.4% de los inmigrantes indocumentados estaban en edad laboral.

Además, el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) declaró en un informe de 2024 que más de un tercio de los impuestos pagados por los inmigrantes indocumentados se destina a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder.

Los gobiernos federales, estatales y locales de Estados Unidos recaudan una amplia gama de impuestos, la mayoría de los cuales afectan de alguna manera a los inmigrantes indocumentados. Al igual que sus vecinos, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos sobre las ventas e impuestos especiales sobre bienes y servicios como servicios públicos, productos para el hogar y gasolina. Pagan impuestos sobre la propiedad, ya sea directamente sobre sus viviendas o indirectamente, cuando estos impuestos se incorporan a su alquiler mensual. También pagan impuestos sobre la renta y la nómina mediante retenciones automáticas de sus nóminas o presentando sus declaraciones de impuestos con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Un ITIN no autoriza a una persona a trabajar en Estados Unidos ni modifica su estatus migratorio. Es un número de 9 dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que las personas sin Número de Seguro Social (SSN) puedan declarar y pagar impuestos. Si bien el IRS emite los ITIN únicamente para fines tributarios, también pueden utilizarse para diversas actividades adicionales, como la búsqueda de oportunidades profesionales mediante la contratación independiente, el trabajo freelance o la creación de un negocio.

En su informe, el ITEP también concluyó que los pagos de impuestos sobre la renta realizados por inmigrantes indocumentados se ven afectados por leyes que les exigen pagar más que a ciudadanos estadounidenses en situación similar. A los inmigrantes indocumentados a menudo se les impide recibir créditos fiscales significativos y, en ocasiones, no solicitan los reembolsos a los que tienen derecho debido a la falta de información, la preocupación por su estatus migratorio o el acceso insuficiente a asistencia para la preparación de impuestos. El ITEP estimó que brindar acceso a la autorización de trabajo a los inmigrantes indocumentados aumentaría sus contribuciones fiscales, tanto por el aumento de sus salarios como por la mejora de su cumplimiento tributario. En un escenario donde se otorgue autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales aumentarían en $40.2 mil millones al año, totalizando $136.9 mil millones. La mayor parte de los nuevos ingresos recaudados en este escenario ($33.1 mil millones) se destinaría al gobierno federal, mientras que el resto ($7.1 mil millones) se destinaría a los estados y municipios.

“El intento de la administración Trump de secuestrar datos confidenciales de los contribuyentes para la aplicación de las leyes de inmigración en plena temporada de impuestos no solo es inquietante y sin precedentes, sino también imprudente. Quienes presentan su ITIN dependen de la protección legal de su información privada para sentirse seguros al contribuir a programas como el Seguro Social, Medicare y miles de otros servicios gubernamentales esenciales que todos los estadounidenses utilizan. Sin la garantía de la privacidad, todo nuestro sistema tributario se verá erosionado”, declaró Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades sean atacadas. Seguiremos buscando la intervención judicial y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para detener la campaña de prejuicios y terror de esta administración”.