El Senado del Estado de Connecticut aprobó enmiendas a la Ley TRUST estatal como parte del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 7259, Ley relativa a la revisión de diversos estatutos relacionados con la justicia penal. El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes con 96 votos a favor y 51 en contra la semana pasada, pasa ahora al despacho del gobernador Ned Lamont para su consideración final.

Promulgada originalmente en 2013, la Ley TRUST fue diseñada para limitar la participación de las fuerzas del orden estatales y locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Prohibió a la policía detener a personas únicamente con base en solicitudes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), a menos que estuvieran acompañadas de una orden judicial, con la excepción de personas condenadas por delitos graves o identificadas en listas de vigilancia terrorista. La Ley buscaba fomentar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las agencias de seguridad pública.

En 2019, la Asamblea General amplió la Ley TRUST para reducir aún más la cooperación con el ICE. Esta legislación prohibió las entrevistas del ICE con personas bajo custodia sin una orden judicial, restringió los momentos en que las fuerzas del orden podían notificar al ICE sobre la liberación de una persona y exigió a las autoridades que informaran a las personas y sus representantes legales cuando ICE presente una solicitud de detención.

Las enmiendas de 2025 continúan esta trayectoria, pero incluyen varios compromisos que han generado respuestas diversas. Un cambio significativo es la ampliación de la lista de delitos por los que las fuerzas del orden pueden responder a las solicitudes de detención del ICE. Se añadieron trece delitos adicionales a la lista, entre ellos agresión sexual, riesgo de lesiones a un menor, estrangulamiento, robo con arma de fuego, posesión de material de abuso sexual infantil y violación de una orden de protección.

En un comunicado de prensa de la Coalición TRUST Act, NOW!, algunos defensores expresaron su preocupación de que esta ampliación pueda debilitar el propósito original de la Ley. Mary Elizabeth Smith, codirectora adjunta de Make the Road Connecticut, señaló que, si bien su organización acogió con satisfacción los mecanismos de cumplimiento de la ley en el proyecto de ley, la lista ampliada de delitos podría aumentar la colaboración entre las fuerzas del orden y las autoridades federales de inmigración, lo que podría disuadir a los inmigrantes de buscar asistencia o participar en la vida pública.

Una disposición que habría prohibido los arrestos de ICE dentro y alrededor de los juzgados se eliminó durante el proceso de negociación del proyecto de ley. Según defensores de la inmigración, la exclusión de esta disposición podría disuadir a las personas de asistir a los procedimientos judiciales por temor a ser detenidas, lo que afecta el acceso a la justicia en las comunidades de todo el estado.

El proyecto de ley incluye un derecho de acción privado, que permite a las personas presentar demandas civiles si se violan sus derechos bajo la Ley TRUST. Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de CT Students for a Dream, describió la inclusión de este mecanismo de cumplimiento como una "victoria difícil de conseguir", pero enfatizó que persisten las preocupaciones, en particular con respecto a la falta de protecciones explícitas para la privacidad de los datos. "Los jóvenes indocumentados aún viven con el temor de que ICE acceda a la información personal compartida con escuelas o agencias", dijo. Además de introducir el derecho de acción, el proyecto de ley amplía la definición de "agentes del orden público" para incluir a los agentes de libertad condicional de menores, los fiscales y quienes trabajan bajo o contratados por la División de Justicia Penal y la Junta de Indultos y Libertad Condicional. Quienes apoyan esta aclaración afirman que esta aclaración cierra las brechas que anteriormente permitían que algunos agentes estatales interactuaran con el ICE al margen de la ley.

La campaña por una versión más robusta de la Ley TRUST fue liderada por la Coalición TRUST Act, NOW!, una red de más de 30 organizaciones de base y de defensa. La coalición recopiló cerca de 600 testimonios escritos y movilizó a aproximadamente 200 personas para que testificaran en una audiencia pública el 1 de marzo. Entre los miembros de la coalición se encuentran 32BJ SEIU, ACLU-CT, Estudiantes de CT por un Sueño, Comunidades Sin Fronteras, Greater Danbury Area Unites for Immigrants, Greater Hartford Interfaith Action Alliance (GHIAA), Make the Road CT, Working Families Party Connecticut, Havenly, Unidad Latina en Acción (ULA), Kamora Cultural Corner, PowerUp Manchester, Connecticut Citizen Action Group, Hartford Deportation Defense, Yale WIRAC Clinic y varios más.

"La votación de hoy en el Senado es un paso adelante y un testimonio de nuestro poder colectivo", declaró Juan Fonseca Tapia, director de campaña de TRUST Act, NOW!, tras la votación. Sin embargo, señaló que varias disposiciones solicitadas originalmente por la coalición, como las protecciones judiciales y restricciones al intercambio de datos, fueron excluidas. “La falta de voluntad política para aprobar protecciones más sólidas pone en riesgo el progreso de nuestro estado”, añadió Fonseca Tapia.

El gobernador Lamont manifestó previamente su oposición al Proyecto de Ley 7212 de la Cámara de Representantes, una versión más integral de la Ley TRUST presentada anteriormente en la sesión. Este proyecto de ley incluía salvaguardas de la privacidad de datos y protecciones judiciales, pero no pasó de la revisión del comité a pesar del apoyo de 52 copatrocinadores.

Mientras continúa el debate sobre la política migratoria a nivel nacional y local, la Ley TRUST revisada de Connecticut representa un cambio gradual en la política estatal destinada a regular la cooperación local con las autoridades migratorias federales. Quienes defienden los cambios los describen como una actualización necesaria para fortalecer las protecciones legales, mientras que otros se muestran cautelosos sobre las concesiones realizadas durante el proceso legislativo.

Recursos para las comunidades inmigrantes en Connecticut

Si usted o su familia se ven afectados por las leyes migratorias o necesitan apoyo legal, las siguientes organizaciones pueden ayudarle:

- Instituto de Connecticut para Refugiados e Inmigrantes (CIRI) - (203) 336-0141 | cirict.org

- Servicios Legales de Connecticut - (800) 453-3320 | ctlawhelp.org

- Clínica de Derecho, Asilo y Derechos Humanos de la UConn | law.uconn.edu/clinics